HUELVA, 2 DE AGOSTO 2024.
Pedro Sánchez ha forzado a la Abogacía del Estado a querellarse contra el Juez Peinado por imputar a su mujer y llamarle a él como testigo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Justo a la vez que se le entregan los impuestos a Cataluña y se consagra la desigualdad jurídica y fiscal entre españoles, donde unos son ciudadanos de primera y otros de segunda. Y donde existen territorios privilegiados que viven a expensas de los demás. Para proteger y ampliar estos privilegios claro. Con esto se culmina el ya evidente -si es que no lo es desde hace años- propósito de Pedro Sánchez, del PSOE y de sus socios de asaltar el resto de instituciones que no tienen todavía sometidas. Nunca en la historia democrática de nuestro país un presidente del Gobierno se había querellado criminalmente contra un juez.
El máximo representante del bulo y de la máquina del fango trata de ejercer una presión sin igual sobre el juez instructor, como ya intentó con sus dos cartitas, para que tome las decisiones judiciales que a él le convengan. No las que deba adoptar en función de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o según su buen saber y entender profesional. Sin duda alguna, esto es un punto de inflexión, porque ya nadie puede defender que el actual gobierno no es el máximo peligro que existe a día de hoy para la supervivencia del Estado de Derecho en España. Lo contrario sería todavía peor: que a nadie le importe ya esto y que, por lo tanto, tengamos que adoptar la ley del más fuerte para conducirnos. Es decir, que de exactamente igual quién tenga razón o no, qué sea legal o no; el que detente el Poder podrá siempre hacer lo que quiera y los demás tendrán que someterse.
Adviértase que Pedro Sánchez no se ha querellado contra el juez como persona física, sino que, empleado a la Abogacía del Estado, lo ha convertido en eso mismo, en un asunto de Estado. Es grave, porque supone utilizar los recursos que pagamos todos para agenciarse un bufete de abogados particular. A la plena disposición del autócrata y para su exclusivo interés. Si ya se sabía que existía lawfare desde el Estado para controlar el Poder Judicial y forzar al dictado de sentencias acorde con el Poder Ejecutivo, ahora sobrepasamos un límite más, a lo bestia.
Ojalá tan sólo fuera un síntoma más de degradación del sistema jurídico y político. Ojalá. Pero no. Es una expresión palmaria de su descomposición acelerada. Que alberga unos responsables con nombres y apellidos que tendrán que rendir cuentas más temprano que tarde. A los ciudadanos sólo nos queda apoyar con todas nuestras fuerzas la labor independiente de los jueces que quedan, para que prosigan sus investigaciones hasta el final, caiga quien caiga. Y si Pedro Sánchez tiene que ser imputado junto a su mujer, ninguna maniobra tóxica desde La Moncloa debe impedirlo. El Estado de Derecho está en juego.
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