HUELVA, 3 DE OCTUBRE 2024.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años y seis meses de prisión al director general y administrador de Tartessos Car S.L., empresa dedicada a la venta de automóviles, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La sentencia está relacionada con una ayuda de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió a la empresa, en una pieza separada del conocido caso ERE.
El tribunal ha considerado al acusado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con malversación, imponiéndole también una inhabilitación absoluta de cuatro años y seis meses. Además, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con un total de 561.156,73 euros, incluyendo los 300.000 euros malversados y 261.156,73 euros en intereses de demora.
La sentencia subraya la gravedad de los hechos, indicando que el acusado actuó sin seguir los procedimientos administrativos, valiéndose de influencias para obtener la ayuda sin justificación documental. Según los magistrados, la concesión de esta subvención fue una "alcaldada", impropia de una administración pública, que causó un profundo deterioro de la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.
La ayuda fue concedida en 2008 a Tartessos Car, empresa que ya presentaba una situación financiera complicada, sin que se siguieran los trámites necesarios ni se justificara el uso de los fondos. A pesar de recibir la subvención, la empresa no cumplió con los fines declarados y entró en concurso en 2010.
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