HUELVA, 18 DE MARZO 2024.
Definitivamente, este país no puede caer más bajo. Que la Fiscalía haya revelado las comunicaciones mantenidas entre esta y el abogado defensor en el caso de la pareja de Ayuso no es sólo que se trate de una ilegalidad palmaria, sino que constituye una muestra descarnada del lugar que ocupan los letrados en la cadena trófica de la Justicia en España. Habitualmente se trata a los abogados en los juzgados como a ganado, igual que a sus clientes y, por tanto, ciudadanos con derecho a tutela jurídica efectiva. Pero esto es ya, nunca mejor dicho, de juzgado de guardia.
No se trata aquí del derecho de un investigado o de un acusado en particular, sino del derecho que tienen todos los ciudadanos y al hecho de que las comunicaciones profesionales son privadas, constituyen un secreto protegido por la ley y no pueden hacerse públicas bajo ningún concepto. Que en este caso en particular, encima, lo hayan sido por un mandato político para destruir a un adversario deja poca duda sobre la nula independencia del Ministerio Fiscal con respecto al poder político. La Fiscalía está politizada, y lo está hasta las trancas. Y, a pesar de ello, miles de fiscales y jueces honrados se esfuerzan todos los días por combatir esta realidad y desempeñar su trabajo con dignidad.
El novio de Ayuso pretende ahora querellarse contra la Fiscalía, la ministra María Jesús montero y la inspectora de la Agencia Tributaria por revelación de secretos. Y hace bien. Da igual que se trate de quien se trate. Lo que se ha hecho es un delito recogido en el artículo 417 del Código Penal, que en su punto número dos prevé pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. El Colegio de Abogados de Madrid le ha prestado su apoyo, no por razones políticas sino por razones jurídicas.
Quienes apoyan esta conducta, la relativizan o la disculpan, deben saber que son cómplices morales de un delito que bien pudiera haberse cometido contra ellos. Porque si algo tan grave queda sin sanción, estamos aceptando que el Estado de Derecho no existe en España y que nos hallamos a merced de cuantas ilegalidades sean necesarias si un político quiere arruinarte la vida. Que la pareja de Ayuso sea culpable o no de los delitos que se le imputan carece de importancia, porque para que se condene sin ninguna sombra de duda el procedimiento deber ser limpio y justo, con todas las garantías jurídicas.
Quede clara una cosa: el objetivo no es otro que desviar la atención del caso Koldo y de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Amnistía. Ciertamente, cada semana asistimos a una bestialidad política mayor que la anterior.
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