HUELVA, 1 DE JULIO 2024.
En una decisión que promete reavivar las tensiones políticas en España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la amnistía solicitada para Carles Puigdemont, en relación al delito de malversación en el procés. Además, Llarena ha decidido mantener la orden de detención contra Puigdemont, así como contra otros exlíderes independentistas, desestimando las solicitudes de la Abogacía del Estado y las defensas de los acusados.
La Decisión del Tribunal Supremo
El juez Pablo Llarena ha fundamentado su decisión en la convicción de que los delitos de los que se acusa a Puigdemont y a otros implicados no son amnistiables. Según Llarena, Puigdemont se benefició personalmente del procés, no económicamente, sino a través del referéndum que impulsó y que afectó significativamente los intereses de la Unión Europea. El juez subrayó que la independencia de Cataluña, de haberse materializado, habría tenido repercusiones económicas importantes en Bruselas.
Esta resolución también afecta a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, manteniéndose las órdenes de detención contra ellos. Asimismo, no se archiva la ejecutoria que inhabilita a otros líderes como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes seguirán inhabilitados hasta los años 2030 y 2031.
Contexto y Reacciones
La negativa del Tribunal Supremo se produce tras una intensa evaluación de los informes presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los acusados. Estas entidades habían solicitado que se aplicara la amnistía tanto por desobediencia como por malversación, argumentando que no hubo un enriquecimiento personal de los acusados y que, por tanto, no debería considerarse malversación.
En contraste, los informes presentados por Vox y Sociedad Civil Catalana defendieron la postura de que los acusados sí se beneficiaron de manera ilícita y que, por tanto, no deberían ser amnistiados. Finalmente, el Tribunal Supremo se inclinó por esta última interpretación, decidiendo no aplicar la amnistía y mantener las órdenes de captura.
Carles Puigdemont no ha tardado en reaccionar a esta decisión, publicando en redes sociales un mensaje en el que critica duramente al sistema judicial español, refiriéndose a él como “La Toga Nostra”. Su equipo jurídico ha expresado su intención de recurrir la decisión del Supremo, argumentando que esta contraviene la ley de amnistía aprobada.
Consecuencias Políticas
La resolución del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones políticas. Por un lado, dificulta aún más la posible vuelta de Puigdemont a España, ya que sigue vigente la orden de detención en su contra. Por otro lado, abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre el gobierno español y los movimientos independentistas en Cataluña.
Los principales partidos políticos del país también han reaccionado. Desde el PSOE, la portavoz Esther Peña ha minimizado el impacto de la decisión en las negociaciones políticas en Cataluña. En contraste, el Partido Popular ha criticado duramente al Gobierno, acusándolo de incompetencia en la gestión del conflicto catalán y de la aprobación de la ley de amnistía.
Mientras tanto, desde Sumar, se ha defendido que la amnistía debe aplicarse de manera completa, conforme a los términos en los que fue aprobada.
Futuro Incierto
Las defensas de los acusados tienen ahora tres días para recurrir la decisión del Tribunal Supremo. Si presentan el recurso, el Supremo deberá pronunciarse nuevamente. En caso de una respuesta desfavorable, las defensas podrían llevar el caso al Tribunal Constitucional.
La situación sigue siendo altamente volátil y está lejos de resolverse. La comunidad internacional y los observadores políticos están atentos al desarrollo de los acontecimientos, que podrían tener profundas repercusiones en la estabilidad política de España y en la relación entre el Gobierno central y las autoridades catalanas.