MADRID, 18 DE JUNIO 2024.
El Tribunal Constitucional (TC) está considerando una rebaja en las condenas por prevaricación en el caso de los ERE, argumentando que el Tribunal Supremo (TS) se "extralimitó" al juzgar los proyectos de leyes presupuestarias, infringiendo así la separación de poderes. La ponencia, presentada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, critica al TS por haber controlado la legalidad de las partidas presupuestarias que permitieron el desvío de fondos millonarios en ayudas sociolaborales.
Un Fraude Multimillonario
El caso de los ERE, considerado el mayor desfalco en la historia de España en cuanto al reparto de ayudas sociolaborales, asciende a 679,4 millones de euros. La sentencia del TS, que confirmó la condena a nueve años de inhabilitación para Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, declaró ilegal el desvío de estos fondos mediante la manipulación de las partidas presupuestarias.
Argumentos del Tribunal Constitucional
Según la ponencia del TC, "los anteproyectos y proyectos de ley no pueden ser objeto de control jurídico". El Supremo, al declarar ilegalidades en estas partidas, ejerció un control de constitucionalidad que no le corresponde. La ponencia sostiene que las decisiones sobre el contenido de los presupuestos deben ser inmunes a cualquier control jurisdiccional, especialmente si han sido debatidas y aprobadas en el Parlamento.
Implicaciones de la Ponencia
De prosperar la ponencia de Montalbán, se rebajaría la condena de prevaricación para Álvarez y otros implicados, limitando la prevaricación a las modificaciones presupuestarias realizadas antes de 2002. El TC sugiere que solo las modificaciones de 2000 y 2001, adoptadas con la intención de eludir controles administrativos, podrían ser consideradas prevaricación.
Críticas a la Actuación del Supremo
La ponencia critica al Supremo por interpretar de manera "imprevisible" los elementos de la prevaricación, vulnerando el principio de legalidad penal y alterando el sistema institucional. Se argumenta que la ley de presupuestos, aprobada por el Parlamento andaluz, no puede ser considerada ilegal por los cambios en su elaboración y que el Parlamento tiene la prerrogativa de modificar normativas presupuestarias.
Próximos Pasos
Si el pleno del TC aprueba la ponencia, la Audiencia Provincial de Sevilla deberá emitir una nueva sentencia considerando solo las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001. Esta posible resolución representa un revés significativo en la lucha contra la corrupción y podría interpretarse como una exoneración parcial de los responsables del mayor desfalco en ayudas sociolaborales de España.
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