El SAVA realiza 12.397 actuaciones de atención jurídica, psicológica y social a víctimas de todo tipo de delitos

El delegado del Gobierno y la delegada de Justicia han visitado las dependencias del SAVA, SEMPA y PIMA en Huelva.

HUELVA, 24 DE ABRIL 2025.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, acompañado por la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes, ha visitado esta mañana las dependencias del SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía), el SEMPA (Servicio de Mediación Penal de Adultos) y el PIMA (Punto de Información para la Mediación en Andalucía), ubicados en el Palacio de Justicia.

El SAVA, el SEMPA y el PIMA forman una red que da sentido a una concepción moderna de la Justicia: una Justicia con rostro humano, que no ignora el dolor, que no banaliza el conflicto, y que cree firmemente en la posibilidad de la reparación, la escucha y la responsabilidad compartida, ha explicado el delegado.

“Estos tres recursos, que actúan de forma coordinada, responden a una concepción avanzada y profundamente humana de la Justicia: una Justicia que no se limita a dictar resoluciones, sino que acompaña, escucha, repara, orienta y transforma. Una Justicia centrada en las personas”, ha apuntado el titular de la Administración andaluza.

Un esfuerzo que, como ha aclarado José Manuel Correa, “forma parte de una Estrategia de Mediación integrada en el Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, que ya ha permitido reducir la litigiosidad, agilizar la respuesta judicial y, sobre todo, promover espacios de consenso, diálogo y corresponsabilidad”.

“No se trata, -ha insistido el delegado- únicamente de aligerar la carga de los tribunales, aunque también lo consigue, sino de ofrecer vías más humanas, más rápidas y menos adversariales para resolver conflictos. El beneficio es doble: para las instituciones, pero sobre todo para las personas”.

La delegada de Justicia, por su parte, ha querido trasladar su agradecimiento más sincero al equipo técnico que sostiene estos servicios en Huelva -criminólogas juristas, psicólogas, trabajadoras sociales y mediadoras- “por su compromiso diario, por su profesionalidad y por su entrega. Son el verdadero motor de estos recursos”.

“Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir reforzando esta red de servicios auxiliares, convencidos de que solo así podemos avanzar hacia una Justicia más eficaz, más restaurativa y más centrada en las personas”, ha finalizado Céspedes.

El SAVA, en funcionamiento desde el año 2002, es un servicio pionero en España y una referencia en la atención integral a las víctimas de delito, que presta asistencia jurídica, psicológica y social de manera gratuita, desde un enfoque interdisciplinar y con una sensibilidad especial hacia las víctimas más vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, menores, personas mayores, víctimas de delitos de odio o con discapacidad.

Lo que lo define no es solo la cobertura de derechos, sino el modo en que lo hace: a través de un equipo de profesionales altamente cualificados -juristas, psicólogas, trabajadoras sociales-, que cuentan además con formación en criminología, lo que refuerza su capacidad de análisis, prevención y acompañamiento”, ha continuado el delegado del Gobierno. Este equipo garantiza una atención cercana, empática y respetuosa en todas las fases del proceso penal, y ha demostrado ser clave para que muchas víctimas recuperen su dignidad, su voz y su seguridad.

En 2024, el SAVA ha atendido a más de 2.827 víctimas en la provincia de Huelva. Además, ha realizado 12.397 actuaciones de atención jurídica, psicológica y social a víctimas de todo tipo de delitos, con especial atención a víctimas vulnerables. De ellas, más del 88 % de las personas atendidas fueron mujeres; predominando los casos vinculados a violencia de género.

Además, se han llevado a cabo más de 120 acompañamientos judiciales realizados con víctimas especialmente vulnerables, con participación activa en 24 preconstituciones de prueba en algunas de las Salas Gesell de la provincia y más de 1.300 derivaciones desde juzgados, fiscalía o fuerzas de seguridad.

Por su parte, el SEMPA, creado en 2024, representa un gran paso adelante en el impulso de la Justicia restaurativa. Es un servicio público y gratuito que facilita encuentros voluntarios entre personas denunciantes y denunciadas en el ámbito penal, con el objetivo de fomentar el reconocimiento del daño, la responsabilización y, cuando sea posible, su reparación.

Gracias a la intervención de profesionales imparciales y especializados, estos procesos -que no sustituyen al proceso penal, pero lo complementan- permiten dar respuesta al sufrimiento de la víctima y al mismo tiempo generar procesos de transformación personal en quien ha causado el daño. No hablamos solo de evitar juicios, sino de evitar que las personas se queden atrapadas en el conflicto o en el sufrimiento. La mediación penal, además de ser eficaz y ágil, es profundamente humana.

Ofrece una resolución media en 30 días, evitando procesos judiciales de hasta dos años. Además, en 2024, en Huelva se derivaron a mediación 159 casos desde mayo que se implantó el servicio, de los que se han cerrado 121, y 71 de ellos con un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El tercer servicio en cuestión es el Punto de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA), está activo desde 2020 y desempeña una función clave en el ámbito civil y mercantil y complementaria al SEMPA en el ámbito penal. Su labor consiste en orientar a la ciudadanía sobre qué es la mediación, cómo puede iniciarse, y en derivar los casos susceptibles a los recursos y entidades que pueden gestionarla, tanto públicos como privados según el caso.

El PIMA está diseñado como una puerta de entrada accesible y cercana para todas aquellas personas que enfrentan un conflicto y desean una solución dialogada, evitando así procesos judiciales largos, costosos y emocionalmente desgastantes.

En cuanto a los datos de 2024, más de 455 personas han sido atendidas en el punto de Huelva, representando 214 conflictos en los que, tras la sesión informativa del PIMA se han planteado acudir a la mediación 132 de ellos y solo 32 muestran un rechazo total a participar en procesos alternativos al judicial.