Las asociaciones de jueces y juristas ya han expresado su preocupación, calificando la propuesta como un ataque directo al Estado de Derecho y la Constitución.
HUELVA, 13 DE ENERO 2025.
En un movimiento que ha generado una fuerte polémica, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley que, bajo el pretexto de combatir el “acoso judicial abusivo”, podría limitar gravemente los mecanismos de control ciudadano sobre el poder. Esta reforma restringe el ejercicio de la acción popular, excluyendo de esta figura a partidos políticos, asociaciones y administraciones públicas, a pesar de que históricamente ha sido un contrapeso clave en casos de corrupción y abuso de poder.
La propuesta establece requisitos restrictivos para la personación de acusaciones populares, lo que podría derivar en la imposibilidad de investigar casos sensibles, especialmente si el Ministerio Fiscal, bajo control gubernamental, decide no proceder. Así, se abre la puerta al archivo de causas contra figuras cercanas al Ejecutivo, como las investigaciones que afectan a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez.
Además, la reforma incluye la eliminación del delito de ofensa a sentimientos religiosos, una medida que, aunque presentada como un avance en la libertad de expresión, podría polarizar aún más a la sociedad. Más preocupante aún es la inclusión de una cláusula que permite la recusación de jueces por expresarse políticamente, lo que podría emplearse como herramienta para neutralizar magistrados incómodos al Gobierno.
Este intento de centralizar el control judicial se asemeja más a una estrategia para proteger intereses partidistas que a un verdadero esfuerzo por garantizar la neutralidad y la independencia del Poder Judicial. Las asociaciones de jueces y juristas ya han expresado su preocupación, calificando la propuesta como un ataque directo al Estado de Derecho y la Constitución.
En definitiva, esta ley, que ya ha sido bautizada como la “Ley Begoña” por su posible impacto en casos relacionados con el entorno del presidente, representa un peligroso precedente en la instrumentalización de las instituciones al servicio de intereses personales y políticos.
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