El senador popular ha recordado que el Parlamento Europeo ha recomendado investigar los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza, son imprescriptibles.
HUELVA, 19 DE MARZO 2025.
El senador del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha cuestionado en el Pleno del Senado la decisión de la Fiscalía de no reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en 1997. Durante su intervención, dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Serrano ha señalado que esta decisión fue adoptada por la número dos del Fiscal General del Estado, a pesar de que la mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo se mostró en contra.
El senador popular ha recordado que el Parlamento Europeo ha recomendado investigar los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza, son imprescriptibles. En este sentido, ha planteado si la negativa de la Fiscalía responde a un posible pacto del Gobierno con EH Bildu a cambio de su apoyo parlamentario.
Asimismo, Serrano ha interpelado directamente a Bolaños preguntándole si comparte la posición de la Fiscalía de no juzgar a los responsables intelectuales del asesinato de Blanco. También ha criticado el trato recibido por una persona condenada por enaltecimiento del terrorismo, a la que, según sus palabras, “se le abrieron las puertas de La Moncloa”, mientras que algunos partidos políticos, incluidos aquellos con víctimas de ETA en sus filas, no reciben el mismo reconocimiento.
El senador ha lamentado lo que considera una falta de voluntad política para esclarecer los más de 300 crímenes de ETA aún sin resolver y ha cuestionado la actuación de la Fiscalía General del Estado en otros asuntos de interés público. En este contexto, ha mencionado la investigación de casos de corrupción relacionados con el PSOE, la amnistía a Carles Puigdemont y la indagación sobre crímenes del franquismo.
Por último, Serrano ha recordado que el Parlamento Europeo debate actualmente la situación del Estado de Derecho en España, con especial atención a la independencia judicial y la actuación del Fiscal General del Estado. En su opinión, la creación de una nueva unidad de delitos contra la Administración Pública podría suponer un riesgo para la imparcialidad de la justicia, ya que el propio Fiscal General decidiría sobre investigaciones que podrían afectar al Gobierno.
El senador ha concluido su intervención acusando al Ejecutivo de haber perjudicado la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo en su afán por mantenerse en el poder.
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