Según el auto, existen "indicios delictivos" en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.
HUELVA, 4 DE FEBRERO 2025.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar como investigadas a 21 personas en el marco de la investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Entre los investigados se encuentran el exdirector general técnico de la entidad, Fernando José V.R., y la directora económico-financiera, Ana V.R. Además, el magistrado ha decidido prorrogar por seis meses adicionales el plazo de instrucción del procedimiento y ordenar nuevas diligencias.
En un auto fechado el 29 de enero y notificado este martes a las partes, el juez ha requerido a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un informe sobre las subvenciones concedidas a la Faffe entre 2007 y 2011, así como los expedientes de reintegro o revisión de oficio relacionados con dichas ayudas. También ha solicitado información sobre las deudas de reintegro de la fundación tras su absorción por el SAE.
Asimismo, el magistrado ha solicitado a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social documentación sobre la contratación de diez personas por parte de la Faffe, con el fin de ser analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el auto, existen "indicios delictivos" en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. Se investigan, entre otras cuestiones, presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, con adjudicaciones arbitrarias y al margen de la normativa administrativa y financiera, especialmente en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Según la UCO, el importe de los contratos supuestamente irregulares asciende a 9.465.332 euros.
El auto también destaca irregularidades en la justificación de subvenciones percibidas por la Faffe, principalmente de la Consejería de Empleo y el SAE, mediante contrataciones ficticias para imputar gastos a las ayudas concedidas. Además, se investiga la contratación de al menos 84 personas sin observancia de los principios de publicidad, mérito y capacidad, con puestos creados ad hoc para justificar su contratación.
Según el juez, estas contrataciones pudieron responder a intereses políticos o personales, y algunos empleados podrían no contar con la cualificación necesaria para los puestos que ocupaban. La investigación policial sugiere que la Faffe contrató personal de forma discrecional, sin seguir los procedimientos legales.
Con la prórroga de la instrucción y las nuevas diligencias acordadas, la investigación sigue su curso para esclarecer la posible comisión de delitos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) fue un organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, creado en 2003 con el objetivo de formar a desempleados y mejorar su empleabilidad. Llegó a contar con 1.200 empleados hasta su disolución en 2011, cuando fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Sin embargo, la FAFFE se convirtió en el epicentro de un escándalo de corrupción que involucró contrataciones irregulares, malversación de fondos y uso indebido de tarjetas de crédito corporativas. Se descubrió que se utilizó como una agencia de colocación para miembros del PSOE y sindicatos afines, facilitando empleos sin cumplir con criterios de mérito ni capacidad.
Uno de los casos más mediáticos fue el uso de tarjetas "black" para pagar más de 32.000 euros en prostíbulos, lo que llevó a la condena del exdirector de la FAFFE, Fernando Villén, a seis años de prisión, y de la exdirectora económico-financiera Ana Valls, a cinco años y tres meses.
Este escándalo ha sido vinculado con otros casos de corrupción en Andalucía, como los ERE fraudulentos y el fraude de los cursos de formación, lo que ha salpicado a exdirigentes socialistas como Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
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